Ciudad de México.- Con el tema “Recursos hidráulicos, agua potable y saneamiento” inició la segunda jornada de trabajos de la Semana Nacional de la Infraestructura Transformadora.
El presidente de la Comisión de Infraestructura, Reginaldo Sandoval Flores, advirtió que en la última actualización de estrés hídrico 2019, elaborado por el Instituto de Recursos Mundiales, México se ubica en el lugar 24 de 164 a nivel internacional de los países que enfrentan un estrés hídrico extremadamente alto, porque “gastamos el 80 por ciento o más de nuestras reservas de agua”.
A nivel Latinoamérica se ocupa la segunda posición después de Chile. Además, mencionó que en México el 47 por ciento de las personas no tiene acceso constante al agua potable debido a que no se cuenta con la capacidad suficiente para abastecer el servicio a toda la población.
Armando Reyes Ledesma (PT) dijo que hablar del tema de infraestructura es referirse a un tema mayor. Hoy se debe ver a la planeación desde la perspectiva estratégica de la infraestructura hidráulica, del agua potable y saneamiento con enfoque de derechos humanos, cargas y beneficios sociales, es decir de la transformación.
Adela Ramos Juárez (Morena) advirtió que en nuestro país hay diferencias muy grandes en disponibilidad de agua, ya que las zonas norte y centro son en su mayoría áridas y semiáridas, mientras que las del sur-sureste reciben más de la mitad del agua renovable al año; sin embargo, sus habitantes tienen menor acceso al líquido.
Rubén Gregorio Muñoz Álvarez (Morena) mencionó que México tiene una metástasis hídrica en todo el territorio nacional, pues hay 82 por ciento de sequía y de cada litro de agua que se pone en los municipios del país, el 47 por ciento se pierde por la mala red.
Al impartir la conferencia magistral “¿Cómo transformar los servicios de suministro de agua, reúso y saneamiento en un factor de bienestar y desarrollo económico sostenible?”, José Mario Esparza Hernández, subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua, dijo que la responsabilidad del servicio implica un cambio en la racionalidad de las políticas públicas para orientarlas a los derechos humanos.
Propuso promover convenios de colaboración para el saneamiento de cuencas, capacitación a nivel técnico, administrativo y organismos operadores, fomentar las tecnologías sustentables para propiciar el equipamiento con celdas fotovoltaicas y bajar costos de operación, impulsar el reúso o subproductos de los procesos de tratamiento como el agua residual tratada, y reforzar el cumplimiento de las normas.
